El Constitucional tumba el decreto de la amnistía fiscal pero salva a los amnistiados

El Tribunal Constitucional ha anulado la amnistía fiscal de 2012. Se ha hecho por unanimidad, al considerar que el decreto mediante el que se aprobó es inconstitucional.

Según el Constitucional, la amnistía no debería llevar rango de decreto, sino de Ley. Pero no afecta absolutamente nada al contenido. Fuentes conocedoras han asegurado a OKDIARIO que esta decisión no afecta ni al procedimiento en sí, ni a lo que se ha recaudado. El Gobierno, de todos modos, está estudiando la decisión. 

El pleno del tribunal ha admitido de este modo el recurso presentado por el PSOE que sostenía que la amnistía, aprobada por el Gobierno del PP en 2012, vulneraba el principio de igualdad. Para preservar la seguridad jurídica, los magistrados han decidido, sin embargo, avalar las regularizaciones que se han realizado desde entonces.

El recurso fue presentado por 50 diputados del PSOE contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducían diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción de déficit público. Desde el ministerio de Hacienda han preferido no hacer ningún tipo de declaración.

Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), ha explicado a OKDIARIO que ellos ya advirtieron en su momento de que esto podría ser inconstitucional. «Como es lógico, por principios de seguridad jurídica, no va a afectar a los expedientes ya cerrados y firmes», señala Cruzado tras un primer vistazo de la sentencia.

«Vamos a ver la posibilidad de que se publique la lista», concluye el presidente de Gestha en declaraciones a este periódico.

En su recurso entendía que esta normativa favorece a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10 por ciento del valor de los bienes aflorados (para rentas superiores a 100.000 euros), mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43 por ciento.

A la regularización fiscal se han acogido personalidades públicas investigadas en los tribunales como varios miembros la familia Pujol, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados y su exsocio David Marjaliza -ambos imputados en el caso «Púnica»-, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. En su día Hacienda cifró en 30.000 los españoles que se acogieron a este modelo retributivo dirigido a recuperar dinero oculto fuera del país.

Según desveló el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante una sesión de control del Congreso de los Diputados del pasado mes de mayo, aproximadamente un 90% de los más de 30.000 evasores que se acogieron a la amnistía aún no se les había abierto inspección por parte de la Agencia Tributaria.